Más de mil millones de euros de inversión están a la espera de que diferentes consejerías emitan o publiquen los informes necesarios para poner en marcha algunos proyectos, según el Equipo de Gobierno local. El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, calcula que unos 700 corresponderían a inversión pública, entre ellos los 220 de la Ciudad Deportiva, y el resto sería privada. Y dice sentirse "indefenso", motivo por el cual acudirá al Defensor del Pueblo para pedir amparo.
Así lo aprobó el Pleno de este lunes. Unas horas antes, el Alcalde lo había explicado con fechas y ejemplos. De este modo, la dirección de Evaluación Ambiental y el Canal de Isabel II no habrían emitido el informe que serviría para poner en marcha el parque industrial La Princesa (solicitado el 30 de octubre de 2008); la Ciudad Deportiva espera respuesta de Urbanismo desde octubre de 2009; las viviendas de Fuente Cisneros esperan desde agosto de 2009 a que se pronuncie Patrimonio; mientras que en el enclave de Jabonería "una vez aprobado nos han pedido cosas nuevas", según el Alcalde, que explica que el plazo establecido para emitir este tipo de informes es de dos meses. "Cada dirección general es una traba al desarrollo", se queja.
Además, el Pleno aprobó reclamar por vía administrativa a la Comunidad de Madrid los 4'6 millones que, según un convenio firmado en 2005 (inversiones PRISMA para 2006-2007) debía aportar para construir la residencia Francisco Sánchez.
El PP no dio su apoyo a ninguna de estas propuestas porque, explica, "lo único que pretende el alcalde es emplumar el fracaso de su propia gestión". Para Fernando Díaz, el Alcalde "culpa al Gobierno regional" de los problemas económicos del Ayuntamiento. "Está tan obsesionado con Esperanza Aguirre que se ha olvidado de que su obligación es gobernar nuestra ciudad", asegura Díaz, que apunta que Cascallana "copia" la fórmula de la Presidenta, que ha reclamado mediante un contencioso lo que adeuda a la región el Gobierno Nacional.
El Alcalde considera que la situación es "grave" y supone un perjuicio en la creación de empleo. Calcula que serían necesarias 10.000 personas para construir las 4.903 viviendas (2.692 públicas) proyectadas.
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